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Por María Chuli

Con 22 votos a favor y 13 en contra, la cámara de Senadores chilena aprobó este último 2 de agosto un proyecto que despenaliza el aborto en tres casos: violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto. Pero la iniciativa fue trabada por los senadores de la coalición Vamos Chile que integran la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Partido Regionalista Independiente (PRI) y Evolución Política (Evópoli), quienes presentaron un “recurso de inconstitucionalidad” ante el Tribunal Constitucional para anular la resolución. La medida se resolverá el próximo martes.

El proyecto, acordado por una comisión mixta de senadores y diputados, dispone además que sea un tribunal de familia el que decida si una menor de 14 años que ha sido víctima de una violación pueda interrumpir su embarazo. Si bien la medida plantea otras trabas burocráticas como la doble consulta médica, la obligación de denuncia policial en caso de violación, y la figura de objeción de conciencia, brinda un marco de legalidad elemental y constituye un logro de la lucha de las organizaciones de mujeres chilenas.

Chile, que en 1989 -bajo la dictadura de Pinochet- impuso la prohibición del aborto en cualquier caso, integra un pequeño listado de siete Estados que lo prohíben totalmente, entre los cuales se encuentran el Vaticano, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, El Salvador y Malta.

Según el Centro de Medicina Embrionaria Experimental y Salud Materna, en Chile se llevan adelante entre 13 mil y 18 mil abortos al año, siendo una de las principales causas de muerte materna, y afectando especialmente a la mujer trabajadora. Un 70% de los chilenos se pronunciaron a favor de despenalizar el aborto en estas tres causales (Cadem, enero de 2015). Sin embargo, existe una férrea oposición por parte de la derecha y de la Iglesia Católica. En los días previos a la aprobación del proyecto, el Rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, declaró que en los campus clínicos de la institución no se realizará esta práctica y afirmó “no vamos a contratar personas que estén disponibles a hacer abortos” (Aciprensa, 24/7). A la vez que determinó extender la objeción de conciencia para todo el equipo médico (ídem, 5/7).

El movimiento de mujeres, que ha sido el elemento de presión fundamental para que esta ley se apruebe, debe defender con la movilización esta conquista pero también debe tomar nota de los límites de este proyecto e incorporar entre sus demandas la eliminación de la objeción de conciencia en el ámbito de la salud para que este derecho realmente se pueda hacer efectivo.

Tampoco debemos olvidar que el gobierno de la Concertación-Nueva Mayoría ha impulsado este proyecto como respuesta a un movimiento de mujeres en alza, para intentar cooptarlo y sacarlo de las calles. Bachelet, escogida por el capital en la presidencia como factor de contención frente a la movilización de las masas, ha procedido de manera análoga con la educación.

Este es un primer paso en la lucha por conseguir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tampoco el gobierno concertacionista está dispuesto a dar. Para arrancarlo es necesario desenvolver una acción organizada, independiente del Estado, la patronal y la Iglesia católica. Separación de la Iglesia del Estado. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

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