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Por Alex Gonzalez
En México, la Cámara de Diputados se prepara para aprobar una ley que le otorga un marco jurídico al ejército para intervenir en asuntos que “ponen en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”. La ley propuesta también prevé que las fuerzas armadas puedan “hacer uso de cualquier método de recolección de información” y forzaría a las instituciones no gubernamentales, así como a las entidades privadas, a entregar información privada de sus usuarios.

La Ley de Seguridad Interior, propuesta el noviembre pasado, constituye un hito en los esfuerzos de la clase dirigente para defender su gobierno contra la movilización masiva de la clase obrera mexicana. Descreditado y profundamente impopular, el gobierno de Peña Nieto está tomando medidas para asegurar que cualquier futura oposición social sea bienvenida con medidas estatales policiales.

Bajo la ley, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea pueden ser desplegados formalmente para operaciones de gran alcance, incluyendo luchar contra el crimen organizado, investigar casos de corrupción, prevenir el terrorismo y el “restablecer el orden” después de desastres nacionales. Además, las fuerzas armadas estarán permanentemente encargadas de la “seguridad interna”, vagamente caracterizada como cualquier acción “fundamental para anticipar la acción del Estado frente a fenómenos que pretendan vulnerar el orden interno”.

Si bien el ejército ya ha estado llevando a cabo estas operaciones de manera informal sin un marco jurídico durante diez años con el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”, la Ley de Seguridad Interna pretende legalizar y hacer permanente el uso de los militares para realizar operaciones contra las drogas, una medida que seguramente producirá más violaciones a los derechos humanos por parte de una entidad ya notoria por sus actos de tortura y abuso.

La Ley de Seguridad Interna también sienta las bases para el espionaje en masa de la población mexicana. Los operadores de telecomunicaciones se verán obligados a entregar “comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real o de entrega de datos conservados de equipos de comunicación móvil” sin ninguna supervisión judicial o responsabilidad pública. Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización mexicana dedicada a los derechos de privacidad, el ambiguo lenguaje de la ley deja abierta la posibilidad de que gobierno le pida a los proveedores de aplicaciones y contenidos “establecer una vulnerabilidad, entregar llaves de cifrado o establecer algún otro tipo de puerta trasera para facilitar la vigilancia”.

Los militares, según la legislación propuesta, pueden ser movilizados por el presidente en cualquier momento, así como por las acciones del Congreso. El año pasado, México enmendó su constitución para otorgarle al presidente la autoridad de establecer un estado de emergencia y declarar la ley marcial en casos que “ponen a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Como con la enmienda constitucional, la Ley de Seguridad Interna es una carta blanca para que el Estado suspenda los derechos civiles y democráticos fundamentales con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado y prevenir ataques terroristas.

La ley fue elaborada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN). Ambos partidos han estado en el poder durante y han desempeñado un papel en la escalada de la sangrienta guerra contra el narcotráfico, la cual ha matado a más de 166.000 y desaparecido a 28.000 más en la última década.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de Revolución Democrática (PRD), los partidos burgueses mexicanos nominalmente de “izquierda”, se han opuesto a la legislación desde el punto de vista del nacionalismo mexicano. “La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el Ejército Mexicano el único que actúe en funciones de seguridad interior”, dijo el diputado del PRD, Alejandro Ojelda. Del mismo modo, el diputado de Morena, Paulo César Martínez López, ha señalado que la ley “abre la puerta a ejércitos extranjeros”. En otras palabras, el PRD y Morena quieren asegurarse que el Estado mexicano tenga el poder exclusivo de tomar medidas militares contra la oposición social de la clase obrera.

Los grupos de derechos humanos y académicos han denunciado ampliamente la ley propuesta, advirtiendo que su adopción pondría gravemente en peligro los derechos humanos en el país. Durante la última década, las fuerzas armadas han sido repetidamente declaradas culpables de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La Policía Federal Mexicana y las Fuerzas Armadas han sido implicadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mientras que en Tlatlaya, 22 civiles fueron ejecutados por el 102 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

La Ley de Seguridad Interior ha sido propuesta en el contexto de un estallido de oposición social contra las políticas del gobierno de Trump y la incapacidad del gobierno mexicano de proporcionar cualquier defensa a los trabajadores, jóvenes y campesinos de ambos lados de la frontera.

Desde la elección de Trump, el gobierno mexicano ha estado en crisis sobre cómo equilibrar su papel como socio menor del imperialismo estadounidense y como subyugar el creciente enojo social por las amenazas de Trump de expulsar a millones de inmigrantes a México, renegociar el TLCAN, construir una frontera con México, detener las remesas al país y enviar tropas estadounidenses a México para hacerse cargo de la guerra contra el narcotráfico.

La ley también se produce tras una oleada de manifestaciones contra las políticas del gobierno de Peña Nieto, entre ellas las protestas contra el gazolinazo a principios del año, cuando miles de trabajadores se movilizaron por todo el país para bloquear carreteras, asumir el control de centros de procesamiento y distribución, y parar servicios de tránsito en muchas partes del país.

En julio del año pasado, los maestros oaxaqueños hicieron huelga contra las políticas educativas regresivas del “Pacto por México” de Peña Nieto para defender la educación pública. Después de que 13 murieron y decenas resultaron heridos cuando la policía federal mexicana abrió fuego contra los maestros que protestaban, 200.000 médicos y enfermeras hicieron huelga en solidaridad con los maestros, y estudiantes en varias universidades boicotearon las clases para mostrar su apoyo.

En respuesta, la élite gobernante mexicana está armando a los militares para prepararse para un conflicto de clases abierto. Las importaciones de armas de México se han más que triplicado en los últimos cinco años, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés). México es ahora el segundo mayor importador de armas en la región, comprando 7.900 millones de dólares en equipo militar en tan solo el año 2015.

A través del programa de ventas militares del gobierno, el gobierno de Obama le vendió más de $ 2.5 mil millones en equipo militar a México de 2008 a 2016. Las armas compradas directamente a empresas estadounidenses–otra forma en que el gobierno mexicano puede adquirir armas estadounidenses–se triplicaron de 2011 a 2012.

Aude Felurant, un analista del SIPRI especializado en asuntos latinoamericanos, caracterizó el armamento siendo importado a México, incluyendo miles de Humvees, docenas de Blackhawks y millones de municiones, como “el tipo de equipo que se importa para llevar a cabo medidas contrainsurgentes”.

Desesperada por aferrarse a sus privilegios y riquezas, la clase dominante mexicana actuará rápida y violentamente para instituir la ley marcial y evitar que convulsiones sociales amenacen su gobierno. En respuesta, la clase obrera debe armarse con una política revolucionaria en una lucha por el socialismo y la unidad de la clase obrera internacional.

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