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Por Alex González

Después de los devastadores sismos de este mes, sigue creciendo en enojo por la lenta distribución de provisiones y la mínima respuesta a las necesidades de los ciudadanos por parte del gobierno mexicano, junto con esfuerzos de principales funcionarios para aprovecharse del desastre para su beneficio político. En varios estados, la clase obrera reaccionó al omitir completamente al gobierno, organizando brigadas de ciudadanos para independientemente evaluar las zonas dañadas y distribuir ayuda a los damnificados.

La mañana del 23 de septiembre, un gran terremoto golpeó a México por tercera vez este mes. El último desastre ocurrió apenas dos semanas después de que el sur de México y Guatemala se vieron afectados por un sismo de magnitud 8,2, el más fuerte en un siglo, así como el terremoto de 7,1 grados el 19 de septiembre que afectó a la capital y a otros nueve estados.

El terremoto del 23 tuvo una magnitud de 6,1 con un epicentro en el estado suroeste de Oaxaca. Aunque casi no se notó en la capital, la alarma sísmica sonó en la Ciudad de México, causando que muchos evacuaran sus casas. Dos mujeres, de 58 y 80 años, murieron de un infarto después de oír la alarma. En Oaxaca, hay por lo menos dos muertos y siete heridos por el último terremoto.

Mientras tanto, el número de víctimas por el sismo del 19 de septiembre subió a 318. Por lo menos 69 personas fueron rescatadas de edificios derrumbados, sobre todo por los esfuerzos de miles de voluntarios de clase obrera que se movilizaron para rescatar a víctimas atrapadas en toda la ciudad. Después del sismo del 19 de septiembre, más de 11.200 habitantes de la Ciudad de México le pidieron al gobierno que evalúe la integridad estructural de sus viviendas, mientras que en el Estado de México más de 2.000 viviendas fueron dañadas. En el estado de Puebla, más de 12.500 viviendas estaban afectadas, de las cuales 2.500 sufrieron daños irreparables y serán demolidas. Cerca de 55.000 viviendas fueron dañadas en el estado de Chiapas después del terremoto del 7 de septiembre.

Como ocurre con cualquier gran desastre, la clase obrera y los campesinos son los que serán obligados a pagar por el costo de los terremotos, con el gobierno aportando una asistencia mínima. Si bien el Secretario de Hacienda anunció que hasta $ 360 millones podrían estar disponibles a través del Banco Mundial, una evaluación inicial por el Servicio Geológico de Estados Unidos encontró que los daños causados por el sismo del 19 de septiembre podrían costar hasta 1 por ciento del PIB mexicano (10 mil millones).

Las tensiones sociales están aumentando a medida que el sistema político oficial sigue desacreditándose ante la población. Graco Ramírez Abreu, el gobernador “izquierdista” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue criticado luego de que un video se volvió viral en los medios sociales mostrando a policías deteniendo a varios camiones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con suministros para las víctimas del terremoto del 19 de septiembre. Según los informes, se les pidió a dos conductores que descargaran sus provisiones en el DIF de Morelos, el cual es dirigido por Elena Cepeda de León, la esposa del gobernador.

Surgieron protestas y enfrentamientos con la policía cuando se descubrió que el almacén del DIF en Morelos ya tenía más de 90 toneladas de despensas. Cerca de 500 personas se reunieron en el DIF el 22 de septiembre por la noche para retirar los productos del centro de almacenamiento y distribuir la ayuda ellos mismos. Otros bloquearon el paso a camiones escoltados por la policía que iban al DIF. Cepeda de León negó que la ayuda fuera retenida por razones políticas y amenazó a los “saqueadores” con acciones legales. El comisionado de seguridad pública del estado advirtió que “impondría orden” en la ciudad y el gobernador descartó la historia como “información falsa”, dejando a un lado numerosos videos documentando el incidente.

En la delegación de Iztapalapa, varios residentes tomaron control de las tuberías de agua y bloquearon calles para protestar una severa escasez de agua causada por los terremotos que está afectando a un 80 por ciento de delegación, o 1,5 millones de personas. Los residentes también secuestraron varios vehículos de distribución, afirmando que sólo atendían a individuos bien conectados. Después, los manifestantes marcharon a la alcaldía de la delegación para enfrentar a funcionarios que estaban dando una presentación informativa para las víctimas del sismo.

Miles de personas que sufrieron daños en sus casas aún no han regresado debido a la falta de ingenieros calificados para evaluar su seguridad. Muchos han informado de que sus hogares fueron vistos por personal no especializado, y las inspecciones a menudo se limitaron a evaluar las estructuras externas, incluso cuando hay daños internos significativos. El profesor de ingeniería Pablo Iván Ángeles Guzmán dijo a El Universal que “en algunos casos ya había acudido alguien de Protección Civil, pero sólo están llenando un dictamen de tres páginas muy sencillo”, señalando que su propia evaluación duraría mínimo tres horas. Una investigación realizada por el periódico encontró que sólo cuatro de las 16 delegaciones de la Ciudad de México respondieron a las llamadas de ayuda el 20 de septiembre.

En un intento de canalizar la ira social de regreso a la política burguesa, los principales partidos políticos mexicanos han dado promesas demagógicas de donar parte de sus fondos de la campaña presidencial de 2018 a los damnificados, incluyendo el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Movimiento Ciudadano (MC). Morena también ha propuesto reducir los salarios de los funcionarios del gobierno por un 50 por ciento para darle a cada familia afectada unos miserables 2.400 pesos (alrededor de 135 dólares) al mes.

Si fueran elegidos, estos partidos burgueses tratados y probados —incluyendo los supuestos “izquierdistas” de Morena— seguirían defendiendo el sistema capitalista y la inmensa desigualdad social que ha producido en México.

Como ha ocurrido con los desastres naturales en el Caribe, México y los Estados Unidos, la clase obrera es la que ha tomado medidas independientes para ayudar a los afectados con un sentido de solidaridad de clase. Nada menos que un ataque frontal a la riqueza de la clase dominante puede asegurar que los recursos de la sociedad sean distribuidos no para llenar los bolsillos de los ricos, sino para prevenir otro desastre al asignar miles de millones a la infraestructura y a otras necesidades sociales de los trabajadores.

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