El número de desaparecidos en el país ya rebasa 35 mil casos, y pese a ello sólo 12 personas han sido condenadas por el delito de desaparición forzada.

Esas cifras reflejan la crisis de derechos humanos que enfrenta el país y, pese a ello, el Estado mexicano no ha reconocido la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones individuales, a lo que está obligado, de acuerdo con la Constitución y tratados internacionales.

Así lo señalan 11 colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas y la organización civil I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en un informe alternativo que presentaron recientemente ante el CED como respuesta al reporte entregado por el Estado mexicano en febrero pasado ante esa instancia internacional.

Recordaron que en 2015, tras sus visitas in loco a México, tanto el titular del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, como representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constataron la grave crisis de derechos y coincidieron en que resulta impactante la situación extrema de inseguridad, violencia e impunidad, destacando las alarmantes cifras de personas desaparecidas y asesinadas.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, reporta que de 2007 a la fecha hay 35 mil 410 personas víctimas de desaparición (mil 142 del fuero federal y 34 mil 268 en el fuero común). De ese total, 8 mil 982 son mujeres y el resto hombres, además de 6 mil 290 menores de edad.

Los colectivos indican que los datos muestran que 21 mil 602 de las desapariciones reportadas oficialmente ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aunado a ello, entre el primero de diciembre de 2006 y junio de 2017 se encontraron mil 588 fosas clandestinas en 23 estados de la República, con 2 mil 674 cuerpos y alrededor de 11 mil 400 restos o fragmentos óseos.

La magnitud de esta crisis se refleja en las cifras, y la impunidad es la constante. La falta de rendición de cuentas por casos de desaparición forzada en México sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción de impunidad y alimenta la crisis de desapariciones.

Información del Poder Judicial Federal refiere que del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 sólo se emitieron 14 sentencias por desaparición forzada, y de ellas únicamente 12 son condenatorias.

Frente a todo ello –lamentan en el informe firmado por colectivos como Solecito, de Veracruz; Familias Unidas, con representación en varias entidades, y Por el Amor a Ellos, entre otros–, el Estado mexicano aún se niega a reconocer la competencia del CED para recibir y examinar comunicaciones individuales. Esto a pesar de que diversas instancias internacionales, como la ONU-DH, han recomendando asumir esa competencia, y de que es un compromiso del propio gobierno federal, enmarcado en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

Al no reconocer la competencia del CED, el Estado mexicano vulnera el marco constitucional interno, pues de acuerdo con la Constitución mexicana, los derechos humanos y las garantías para su protección consagrados en el ámbito internacional hacen parte del ordenamiento interno.

Los colectivos realizan una serie de recomendaciones, entre las que destaca que se reconozca a la brevedad la competencia del CED, que se acepte una visita de ese comité a México, y que se reconozca el carácter obligatorio de las recomendaciones y acciones urgentes que emite esa instancia internacional.

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