Por Bárbara Carrillo
Irlanda acaba de dar el primer paso hacia el aborto legal. El referéndum celebrado el día viernes arrojó un resultado de casi un 70% a favor del Sí a la reforma de la octava enmienda constitucional que anuló ese derecho.
La juventud, donde el voto por el Sí fue aún más abrumador, se puso al hombro la campaña por la conquista del derecho al aborto legal en un país donde la influencia de la Iglesia Católica es enorme.
El clima de movilización se reflejó en los miles de irlandeses residentes en el extranjero que viajaron a su país a votar, como dio cuenta el hashtag #HomeToVote. El gobierno enviaría ahora al parlamento un proyecto que permite el aborto sin restricciones hasta las 12 semanas de gestación. En 2015, un referéndum había logrado la aprobación del matrimonio gay.
Así como ocurre en Argentina, el movimiento de mujeres en Irlanda lleva una lucha de muchísimos años por esta reivindicación. El último 8 de marzo, por ejemplo, congregó a miles de personas, incluídos sindicatos como el ICTU que salieron a las calles bajo la consigna “Mi cuerpo, mi elección”, exigiendo el acceso al derecho al aborto legal.
Este avance dado por el movimiento de mujeres tiene una larga historia. En 1983, una intensa campaña de la Iglesia logró la aprobación en un referéndum (por estrecho margen y con una escasa participación del electorado) de la reforma constitucional que, en nombre del “derecho a la vida del niño nonato”, prohibió el aborto. En 1992, se avanzó aún más en las restricciones con la prohibición de los viajes a los países extranjeros para abortar, y en 2002 otro referéndum ratificó la octava enmienda.
Sin embargo, la investigación que en 2009 sacó a la luz que 30.000 niños fueron abusados durante tres décadas en los orfanatos y hogares del país golpeó duramente a la Iglesia. La denuncia incluía a la orden de las Magdalenas donde las mujeres eran esclavizadas y obligadas a prostituirse. Esto generó un repudio generalizado de la población. En 2012, la muerte de una mujer de origen indio (Savita Halappanavar) a causa de una septicemia después de habérsele negado el aborto conmueve al país (un caso con semejanzas con el de Ana María Acevedo en nuestro país). El caso de Savita obliga al gobierno a promulgar la primera ley en la historia del país que permite la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre (incluyendo la amenaza de suicidio) pero a la vez excluye a los casos de incesto, violación o malformaciones del feto. Pero lo más importante es la imposición de una pena de 14 años para las mujeres que se practiquen un aborto y para los profesionales de la salud que lleven adelante la práctica.
Todas estas restricciones que se impusieron desde el Estado en unidad con la Iglesia, claramente no impidieron que los abortos siguieran llevándose a cabo, en condiciones precarias o en el extranjero. Las mujeres trabajadoras, con enormes dificultades para costear los casi dos mil dólares para viajar al exterior, fueron las más golpeadas por las prohibiciones.
La prohibición del derecho al aborto actúa como una gigantesca herramienta de disciplinamiento social. Las mujeres irlandesas han dado un gran paso adelante en un referéndum que capturó la atención del continente europeo y del mundo entero.
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