Eric London

El anuncio el martes del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el Gobierno estará desplegando al ejército en la frontera con México es una amenaza a la seguridad de los inmigrantes documentados y un ataque fundamental a los derechos democráticos de toda la población.

Trump hizo su anuncio en la Casa Blanca junto al secretario de Defensa, James Mattis. “Tenemos leyes muy malas para nuestra frontera”, señaló, “y vamos a estar haciendo algunas cosas”. Continuó: “He estado hablando con el general Mattis. Lo vamos a hacer de forma militar. Hasta que podamos tener un muro y una seguridad apropiada, vamos a estar protegiendo nuestra frontera con el ejército”.

A pesar de no haber dado detalles, el despliegue del ejército en suelo estadounidense para arrestar o intimidar a inmigrantes augura un estado de ley marcial y violenta el principio básico de posse comitatus, el cual proscribe que los militares participen en labores de aplicación de la ley.

Mientras que los Gobiernos de Bush y Obama ambos enviaron a la Guardia Nacional en tareas de reconocimiento para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el plan de Trump podría involucrar el uso directo del ejército para arrestos y operaciones de detención.

En febrero del 2017, cuando el actual jefe de Personal de la Casa Blanca, el general John Kelly, encabezaba el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), circuló un memorándum que proponía desplegar a 100.000 miembros de la Guardia Nacional a estados como California y Texas para detener y deportar a inmigrantes. Además, el Gobierno ha amenazado con retener fondos e incluso arrestar a funcionarios de las “ciudades santuario”, algunas cercanas a la frontera, que han prohibido que los policías locales entreguen voluntariamente información a oficiales migratorios.

Trump hizo su anuncio bajo el pretexto de detener una caravana de inmigrantes intentando escapar la violencia y pobreza en Centroamérica. En referencia al grupo de aproximadamente mil refugiados, el mandatario tuiteó que “más vale que los paren antes de que lleguen acá”. A pesar de que la caravana sucede cada año alrededor de Pascua y siempre se desvanece mucho antes de llegar a la frontera estadounidense, Trump utilizó el “viacrucis” de este año como una provocación para escalar sus ataques contra los inmigrantes.

En un alud de declaraciones desde el domingo, Trump llamó al Congreso a aprobar una serie de medidas antiinmigrantes de tinte fascista, incluyendo la deportación inmediata de jóvenes inmigrantes no acompañados y la detención de aquellos capturados sin los documentos legales.

“Tenemos horribles, horribles y muy inseguras leyes en Estados Unidos y vamos a poder hacer algo al respecto”, anunció Trump el martes en una rueda de prensa con líderes de los países bálticos. “Ojalá el Congreso se componga y haga leyes muy poderosas”.

Estas no son palabras vacías. Durante las últimas semanas, Trump y sus asesores ultraderechistas han iniciado planes para prohibir que los inmigrantes utilicen los programas sociales, para arrestar a inmigrantes embarazadas y para finalizar el estatus de protección para inmigrantes de Liberia. El lunes, el Departamento de Justicia estableció una cuota para los jueces migratorios del país, requiriéndoles decidir al menos 700 casos por año para acelerar el paso de las deportaciones. Esto constituye una orden de prescindir lo que quedaba de un proceso legal debido.

La decisión de enviar tropas a lo largo de la frontera es al mismo tiempo una amenaza matona de la superpotencia imperialista contra México. El martes, Trump mencionó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en su defensa del despliegue militar. Ante reporteros en la Casa Blanca, señaló: “TLCAN ha sido un acuerdo horrible, horrible y vergonzoso para Estados Unidos. Debió haber sido eliminado o renegociado hace años”.

En este contexto, la colocación de soldados en la frontera busca invocar un precedente histórico: durante la Revolución Mexicana de 1910-1920, EUA estacionó miles de tropas a lo largo de la frontera, asesinando a 800 soldados mexicanos a 400 civiles.

El Partido Demócrata no se opone a las medidas de Trump. En el 2010, Obama envió 1.200 efectivos de la Guardia Nacional a la región fronteriza, una medida celebrada tanto por los demócratas como por la extrema derecha. Como lo manifestó Bernie Sanders en enero del 2018, “Si el presidente quiere trabajar con nosotros para asegurar que tengamos una fuerte seguridad fronteriza, hagámoslo”.

Los demócratas tampoco se oponen seriamente a las medidas de Trump para recortar el seguro médico de Medicaid ni los otros programas sociales, eviscerar las regulaciones ambientales y de seguridad ocupacional, reducir los impuestos sobre las corporaciones y los ricos y promover a generales y multimillonarios a puestos en la Casa Blanca y su gabinete.

Su oposición se ha enfocado en ataques derechistas contra Trump por no perseguir con suficiente agresividad una ofensiva diplomática y militar contra Rusia en Oriente Próximo y el este de Europa. Su campaña contra la supuesta injerencia rusa en la política estadounidense y la presunta promoción de “noticias falsas” está siento empleada para los reaccionarios objetivos de preparación para la guerra y la censura en el Internet.

Lejos de defender los derechos democráticos contra los métodos autoritarios de Trump, los demócratas, en alianza con las agencias de inteligencia, están impulsando el silenciamiento y la criminalización de la disensión política.

La semana pasada, el Partido Demócrata apoyó abrumadoramente un acuerdo presupuestario de $1,3 billones que dedica $641 millones en financiamiento adicional al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de arrestar y encarcelar a los inmigrantes. También aprobaron la contratación de cientos de nuevos oficiales para la CBP junto con $1,6 mil millones para la militarización de la frontera de EUA y México, incluyendo la construcción del muro. Además, le permitieron a Trump expandir la red de campos de internamiento de inmigrantes, “como necesaria para asegurar la detención de extranjeros priorizados para expulsión”.

Los demócratas han abandonado completamente cualquier esfuerzo para garantizar la protección de los 1,8 millones de personas traídos al país como niños que son elegidos para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual expiró el 5 de marzo.

Solo se han opuesto a la propuesta de Trump de tomar dinero del presupuesto militar para la construcción del muro. La semana pasada, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, declaró que Trump debería optar por “utilizar el dinero para ayudar a nuestras tropas”.

El anuncio de Trump del despliegue militar expresa la profunda crisis de gobierno burgués y pone de relieve el recrudecimiento de tensiones entre las facciones de la burguesía en riña, principalmente por cuestiones de política exterior.

Trump ha procurado utilizar el ejército como un mecanismo para fortalecer el carácter personalista de su Presidencia. En enero del 2017, buscó darle un hálito militarista a su discurso de inauguración al colocar a una fila de soldados detrás suyo, pero fue frustrado cuando se les ordenó a los soldados irse en medio discurso.

El mes pasado, Trump consolidó los planes para un desfile militar en Washington programado para el 11 de noviembre, varios días después de las elecciones legislativas de medio término. El desfile será organizado por el Comando Norte, el sector del Pentágono responsable para operaciones militares en América del Norte.

Estos pasos no solo van dirigidos contra los rivales de Trump dentro de la burguesía. Ante todo, van dirigidos contra la clase trabajadora.

El anuncio del despliegue de tropas interno coincide con un movimiento huelguístico de maestros en West Virginia, Oklahoma, Arizona y Kentucky, el cual se está desarrollando en gran medida fuera del marco de los sindicatos corporativistas. Trump está escalando su campaña xenofóbica y antiinmigrante a fin de socavar el crecimiento de la oposición social, dividir a la clase obrera y encauzar el enojo social en líneas nacionalistas y derechistas. Al mismo tiempo, la decisión demuestra que la clase gobernante está preparándose para responder a la lucha de clases en la misma manera en la que defiende sus intereses internacionalmente: con fuerza bruta.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 abril de 2018)

Con información de World Socialist Web Site

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