Por Bill Van Auken

En los últimos tres días, manifestaciones y enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad se han desatado en Túnez. Los trabajadores y los jóvenes tomaron las calles en al menos 18 ciudades en protesta contra un presupuesto de austeridad para 2018 que solo aumentará las condiciones prevalecientes de desempleo masivo, pobreza y desigualdad social en la nación del norte de África.

El Ministerio del Interior reconoció que un hombre de 55 años murió durante una protesta el lunes pasado en la ciudad de Tebourba, localizada a unos 32 kilómetros de la capital de Túnez, y otras cinco personas resultaron heridas. Hubo informes contradictorios sobre la causa de la muerte, con algunos manifestantes declarando que el hombre había sido atropellado por un vehículo policial, mientras que las autoridades afirmaron que había sido víctima de los lacrimógenos.

En varias áreas, el gobierno ha pedido intervención del ejército para que respalde a las fuerzas de seguridad locales y proteja los edificios y bancos del gobierno.

En la ciudad de Nefza, en el norte del país, los manifestantes prendieron fuego a la estación de policía y al departamento de economía del gobierno local.

En otros lugares, los manifestantes bloquearon las carreteras principales con rocas y quemaron llantas. La policía arrestó a decenas de manifestantes y atacó a las multitudes con gas lacrimógeno y munición real. Los manifestantes contraatacaron arrojando piedras y cócteles molotov contra la policía.

La masiva explosión y agitación social ocurre justo siete años después de que la autoinmolación del vendedor ambulante de 26 años Mohamed Bouazizi desencadenara una revuelta radical que derrocó a la dictadura respaldada por los regímenes de occidente del presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali.

Cientos de manifestantes marcharon en Sidi Bouzid, la ciudad donde Bouazizi se quitó la vida en protesta por el acoso policial y el desempleo, llevando pancartas con lemas que denunciaban el aumento de precios y la falta de empleos.

Esta nueva erupción nacional de lucha social demuestra, una vez más, que no se han resuelto ninguno de las demandas que llevaron a la clase obrera a la lucha revolucionaria hace siete años, primero contra el régimen de Ben Ali y luego contra la dictadura egipcia de Hosni Mubarak respaldada por Estados Unidos.

En ambos países, los elementos de los viejos regímenes lograron reconsolidar el poder en interés de las elites gobernantes nativas y el capital internacional. En Bahrein y Arabia Saudita, las manifestaciones de la llamada “Primavera Árabe” fueron brutalmente aplastadas por la fuerza militar. Mientras tanto, la región ha sido devastada por las guerras libradas por las potencias imperialistas en Libia, Siria, Yemen, Mali y más allá, todo con el objetivo de reafirmar su control.

La chispa que encendió el último levantamiento fue el anuncio de un presupuesto de austeridad para 2018 que aumenta los precios del combustible, mayores los impuestos y demanda nuevos aranceles aduaneros para los productos importados, todo lo cual significa una nueva carga para al nivel de vida de los trabajadores tunecinos.

La tasa de inflación anual ya había aumentado a 6,4 por ciento en diciembre. Mientras tanto, el desempleo supera el 15 por ciento, con más de un tercio de todos los trabajadores más jóvenes sin trabajo.

Las “reformas” económicas están siendo impuestas por el gobierno del presidente tunecino Beji Caid Essebsi para cumplir con las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, a cambio de préstamos destinados principalmente a pagar las deudas del país a los bancos internacionales.

Mientras tanto, un creciente déficit comercial ha reducido el valor de la moneda tunecina, el dinar, aumentando el costo del servicio de la deuda y disminuyendo el poder de compra de la población.

Los disturbios parecen haber estallado espontáneamente. Tanto en las redes sociales como en los grafitis que aparecen en las paredes de la capital y otros lugares, el lema “¿Qué estamos esperando?”, ha sido asociado con las protestas.

“Este gobierno, como todos los gobiernos después de Ben Ali, solo hace promesas y no ha hecho nada. La gente está enojada y la pobreza aumenta”, dijo a Al Jazeera Imen Mhamdi, un universitario graduado de 27 años que trabaja en una fábrica tunecina.

Mhamdi, que participó en las manifestaciones en la ciudad costera de Sousse, dijo a la agencia de noticias que la juventud tunecina ha “perdido la fe” en todos los partidos políticos. “No estoy sintiendo mucha esperanza, pero estamos diciendo que no”.

Una estudiante en Sousse, Mouna Ali, le dijo a Al Jazeera que las medidas de austeridad del gobierno representaban “una catástrofe para la clase media”, y agregó: “El gobierno necesita comprender que la sociedad tunecina está harta. La miseria, en la pobreza, en el desempleo son sofocantes”.

La respuesta del primer ministro tunecino Youssef Chaheda a las protestas a nivel nacional fue un discurso de ley y orden, declarando el martes pasado que “el único recurso contra los saqueadores de propiedades públicas y privadas y sus patrocinadores es hacer cumplir la ley”. La declaración fue emitida a la prensa junto con la visita no anunciada del primer ministro a una unidad militar de élite en la ciudad de la guarnición sureña de Remada, cerca de la frontera con Libia.

Previamente, Chahed le dijo a una estación de radio que “no vimos protestas, sino personas rompiendo cosas, robando y atacando a tunecinos”.

El diario tunecino Le Temps publicó un artículo extremadamente alarmante sobre el movimiento de protesta que expresaba el estado de ánimo dentro de las capas privilegiadas de la sociedad tunecina como algo entre “un estado de paranoia y pánico generalizado”.

Mientras tanto, La Presse publicó un editorial bajo el título “Democracia y estado de derecho” respaldando esencialmente las medidas enérgicas contra las protestas, al tiempo que insistía en que “los tunecinos deben evitar una explosión social” y argumentando que el país “podrá negociar la transición económica tan hábilmente como lo había logrado durante la revolución democrática”.

Además de la represión militarizada de las protestas, la elite gobernante tunecina confía en la corrupta burocracia sindical de la UGTT, durante mucho tiempo un pilar de la dictadura de Ben Ali, y el Frente Popular, una agrupación de “izquierda” de clase media que ayudó al gobierno actual llegar al poder para reprimir la revuelta desde abajo.

Hamma Hammami, un líder clave del Frente Popular, emitió un comunicado afirmando que el grupo apoyó las protestas, mientras deploraba “actos de violencia y vandalismo”. Pidió a todos los partidos políticos que se unan en torno a una política destinada a “poner fin a la ira de la gente”.

Es significativo que el centro de las protestas no haya sido la capital, Túnez, que es el bastión de estas instituciones políticas dominadas por las capas más privilegiadas de la clase media, sino más bien las empobrecidas ciudades del interior.

En esto, como en las medidas de austeridad y la desigualdad social que desencadenaron el movimiento de protesta, hay fuertes ecos en los levantamientos en Túnez de las protestas masivas que barrieron recientemente a Irán. En ambos países, capas de jóvenes desempleados y trabajadores empobrecidos se levantaron para desafiar a los regímenes existentes.

Mientras tanto, protestas similares han estallado en la nación africana de Sudán contra el régimen autocrático de Omar al-Bashir, que anunció aumentos bruscos de los precios de la harina, lo que resultó en una duplicación del precio del pan durante la noche.

Las protestas que comenzaron el sábado en la ciudad sudoriental de Sennar se extendieron rápidamente y llegaron a la capital Jartum y a muchas ciudades del sur. En Geneina, la capital de West Darfour, un estudiante murió en circunstancias poco claras cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar una protesta, y al menos otros cinco manifestantes resultaron heridos. Se informó de un cuarto día de protestas en Jartum el lunes, con la policía disparando gases lacrimógenos a las multitudes.

Las medidas de austeridad se están imponiendo a instancias del FMI, que instó a Jartum a flotar su moneda para alentar la inversión extranjera. Esto siguió a la decisión de Estados Unidos en octubre de levantar las sanciones de 20 años al país.

Lo que está emergiendo claramente en una región que ha sido abatida por la guerra imperialista y el fomento deliberado del conflicto sectario es un poderoso resurgimiento de la lucha de clases.

Los tumultuosos eventos en Medio Oriente y África del Norte se unen a crecientes signos de conflicto de clases a nivel internacional, incluyendo huelgas de trabajadores farmacéuticos y municipales en Israel, la acción salvaje de trabajadores de Ford en Rumania, huelgas de trabajadores metalúrgicos en Alemania, acciones de trabajadores ferroviarios en el Reino Unido y los enfrentamientos entre los trabajadores franceses automotrices y otras industrias y el gobierno de Emmanuel Macron.

Como declaró el sitio web mundial socialista (World Socialist Web Site, WSWS.com) al comienzo del nuevo año: “Durante varias décadas, y especialmente desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, la resistencia de la clase trabajadora a la explotación capitalista ha sido suprimida. Pero las contradicciones fundamentales del sistema capitalista: entre una economía globalmente interdependiente y el arcaico sistema de estado-nación burgués; entre una red mundial de producción social, que involucra el trabajo de miles de millones de seres humanos y la propiedad privada de los medios de producción; y entre las necesidades esenciales de la sociedad de masas y los intereses egoístas de la producción de dinero capitalista individual, se están acercando rápidamente al punto en que será imposible una mayor represión de la oposición masiva de la clase trabajadora al capitalismo”.

Los acontecimientos en los primeros días del año nuevo ya han proporcionado una poderosa confirmación de esta perspectiva.

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