Comunidades indígenas del departamento colombiano de Córdoba (norte) aseguraron hoy que pedirán una indemnización de más de 400 millones de dólares por las afectaciones sufridas por la actividad minera de Cerro Matoso.

“Estamos aterrizando los números porque son muy grandes, pero podemos adelantarles que estamos hablando de una indemnización que supera los 400 millones de dólares”, manifestó el abogado Abelardo de la Espriella, apoderado de las víctimas, en una rueda de prensa.

La semana pasada, la Corte Constitucional exigió a la mina Cerro Matoso, de propiedad de la multinacional BHB Billiton, indemnizar y crear un fondo de reparación para las comunidades indígenas y afrodescendientes aledañas a la zona de operación de la empresa.

Esto después de que el alto tribunal encontrara componentes químicos en fuentes hídricas, lesiones cutáneas de gravedad y cáncer de pulmón, entre otros daños, en habitantes de la zona.

El letrado aseguró que un juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca deberá liquidar los perjuicios con base en unas tablas establecidas por el Consejo de Estado con las que se determina los daños materiales e inmateriales de la comunidad.

Las comunidades indígenas aseguran que han sufrido daños medioambientales, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y dermatológicas desde que la empresa inició las actividades de exploración y explotación minera en Córdoba en 1982.

“La denuncia está presentada por lesiones personales y homicidios culposos y en otros casos preterintencionales”, además de fraude procesal, agregó De la Espriella, quien añadió que los responsables deben pagar con su libertad por afectar la salud de las comunidades.

Por su parte, el gobernador del resguardo indígena Zenú, Israel Aguilar Solano, dijo que hasta el momento más de 50 personas han muerto por enfermedades relacionadas con la extracción de níquel y ferroníquel.

“El número de abortos ha ido en aumento y lo que nos impacto en 2012 es que de 33 embarazos el 60 % se iba en aborto. Para nosotros, los indígenas, eso no es lo normal”, afirmó el gobernador.

En su sentencia, la Corte Constitucional pidió a la Procuraduría, Defensoría y Contraloría hacer “seguimiento a las órdenes proferidas” y, en caso de que estas no se cumplan, un juez de primera instancia puede ordenar la suspensión de las actividades de Cerro Matoso.

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