TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas tseltales de Amador Hernández, comunidad enclavada en la Selva Lacandona, denunciaron hoy que expulsaron de ese lugar a un grupo de 17 marinos que por la tarde incursionaron en ese poblado sin permiso de sus moradores.

Los indígenas llamaron a las oficinas de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), que dirige Miguel Álvarez Gándara, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, para reportar que, alrededor de las 14:00 horas, dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) sobrevolaron la comunidad.

“Dijeron que eran elementos de la FAM, del Ejército Mexicano y la Marina”, afirmó Mario Ruiz, integrante de Serapaz que recibió la llamada.

En un intento de aterrizaje, una de las aeronaves destruyó una modesta vivienda y dañó otra. En un potrero en las afueras de la comunidad de 150 familias, una aeronave aterrizó y descendieron de ella al menos 17 elementos de la Marina.

Los pobladores llegaron para encararlos y preguntarles la razón de su presencia en ese lugar. Los marinos argumentaron que sobrevolaban la zona porque les reportaron que había caído una aeronave privada e iban en su búsqueda.

Por ello, cercaron a los marinos y los obligaron a retirarse del poblado. Una empresa constructora les facilitó un camión de volteo, a donde abordaron los marinos y fueron llevados hasta el Río San Quintín.

Los inconformes denunciaron ante Serapaz que los helicópteros de la FAM sobrevolaban de forma amenazante sobre las viviendas de la comunidad donde viven alrededor de mil personas.

Se trata de una localidad enclavada en la Selva Lacandona, en el municipio de Ocosingo, donde conviven miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las autoridades comunitarias  explicaron « que no podían pasar ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejército a la comunidad. Poco a poco se juntaron alrededor de 300 personas de la comunidad, con la mujeres en primera fila, que llevaron pacíficamente a los militares hacia la carretera para que regresaran al 38º Batallón de Infantería ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo, de donde provenían ».

Después de los hechos, la comunidad y otras organizaciones denunciaron « que la explicación que nos dieron los militares no justifica un despliegue tan importante del Ejército(…). Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas” y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas. Bien sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Rebeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad ».

Refiriéndose a la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, expresaron que rechazan « rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos ».

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